Sistemas de gestión público o privado en diversas infraestructuras como hospitales Las comunidades se alían con las empresas para seguir haciendo infraestructuras en tiempos de crisis. Si no hay dinero, hay que ingeniárselas. La restricción presupuestaria impuesta por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la crisis económica y la llegada de menos ayudas de la Unión Europea están provocando que las comunidades autónomas busquen alternativas para seguir construyendo infraestructuras como carreteras, hospitales o colegios. Son servicios que no pueden sufrir un parón y los Ejecutivos regionales lo saben. Si hace sólo cinco años eran muy pocas las administraciones autonómicas que se atrevían a poner sobre la mesa proyectos con financiación mixta, hoy se hace casi imprescindible. Este sistema permite derivar gran parte de los gastos hacia la empresa privada e ir pagándole poco a poco. Para no desembolsar todo el dinero de la infraestructura a corto plazo, la Administración encarga la construcción a una empresa y establece un canon por el cual le paga en, por ejemplo, 30 años. Cataluña, Madrid o Valencia ya lo hacen de esta forma. La gestión de la infraestructura (hospital, carretera...) también puede entrar en la negociación. El color político no importa, lo realmente relevante es sacar adelante los proyectos. Y así lo entienden la mayoría de comunidades. Algunos territorios como Cantabria lo han organizado bajo el epígrafe financiación estructurada. Desde esta región recuerdan cómo en 2004 ya pusieron en marcha la Sociedad Regional de Coordinación Financiera con las Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria (CEP Cantabria) con el objetivo, entre otros, de realizar infraestructuras bajo la colaboración público-privada "para garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión y mantenimiento de servicios". Carreteras y hospitales Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, Baleares y Castilla y León, de momento, sólo utilizan este modelo en carreteras y hospitales. Tanto la Administración madrileña como la valenciana son ya expertas en esto. La primera cuenta, en materia sanitaria, con seis centros en los que la empresa privada construye y gestiona, a excepción del personal sanitario; otro donde gestiona todo y uno más que presta servicio público, pero que es enteramente privado. Además, tiene otros cuatro que aún no se han inaugurado. Por su parte, la segunda cuenta ya con dos en marcha y otros tres en construcción. Murcia y Castilla y León se han sumado recientemente de manera más tímida a la construcción de los hospitales del Mar Menor y el de Burgos, respectivamente. Este último con un presupuesto de 166,3 millones y una concesión de 30 años. Una comisión mixta se encargará de vigilar que durante este periodo no surja ningún problema y no se escatime en ninguno de los equipos que se ha previsto que haya, informan desde la Junta de Castilla y León. "El modelo de concesión asegura la mayor agilidad en la ejecución del proyecto, completamente equipada con las últimas tecnologías, sin pérdida del empleo público y con una dirección y gestión pública", puntualizan. En Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra todavía sólo utilizan la fórmula mixta para carreteras a través del peaje en sombra. Un ejemplo son sus autovías Villafranca de Ebro-El Burgo, Toledo-Ciudad Real, Barbanza o la que une Irún y Logroño. Las que de momento no han apostado por estos métodos que alivian los presupuestos de las comunidades al tiempo que permiten seguir construyendo infraestructuras son Andalucía, Canarias, País Vasco, La Rioja y Extemadura. Aunque las dos últimas sí se lo están planteando, otras lo tachan de privatización encubierta y aseguran que todas las infraestructuras se harán con fondos públicos. (La Gaceta) Lunes, 21 de Julio del 2008